La pandemia del coronavirus ha generado cambios en todos los sectores relacionados con la actividad diaria: desde angustia económica e incremento en las tasas de desempleo hasta la interrupción de la escolarización y los trágicos resultados vistos en el sector de la salud pública. Una consecuencia inesperada, aunque no del todo ilógica, fue el descenso masivo de los índices de denuncias de casi todos los tipos de delitos.
Según datos obtenidos por la Universidad de Pensilvania, los índices generales de crimen descendieron un 23% a consecuencia de la pandemia, resaltando los siguientes detalles:
- Los robos en viviendas descendieron, mientras que los robos en comercios y los robos de coches aumentaron.
- Los delitos relacionados con las drogas fueron los que más bajaron -un 65%- al inicio de la pandemia y volvieron a bajar durante el verano.
- Es probable que estos cambios en los índices de delincuencia no se deban únicamente a los cambios en los índices de denuncia.
- El descenso de los índices de delincuencia en general oculta el aumento de la tasa de algunos delitos violentos a partir del verano de 2020.
En relación con este último punto, es importante destacar que el surgimiento de las protestas causadas por el injusto asesinato de George Floyd representaron una ruptura en el patrón visibilizado por los datos. Esta aclaratoria permite introducir la necesidad de estudios que profundicen en las diferencias de causa y consecuencia en las alteraciones al orden público que puedan producirse bajo distintos contextos sociales
Como conclusión, si bien el impacto de las políticas de contención relacionadas con el COVID-19 en tendencias delincuencia es perceptible, también debe considerarse un contexto más amplio en el que se tome en cuenta el aumento de los delitos facilitados por la tecnología y el posible efecto acelerador de la pandemia de esta tendencia. Las medidas de control adoptadas por gobiernos de todo el mundo siguen teniendo un profundo impacto en todos los aspectos de la vida social, por lo que es crucial examinar dinámicas sociales a largo plazo, poniendo especial énfasis en la forma en que estas dinámicas podrían cambiar ciertas prácticas legales.