Las mordeduras o ataques de perros representan un incidente legal complicado por naturaleza, en el que el dueño de la mascota normalmente debe asumir responsabilidades financieras por los daños que esta pueda haber causado. Esta responsabilidad se extiende al empleo de cuidadores o paseadores de perros, cuya presencia puede complicar aún más el procesamiento de este tipo de reclamos. 

Ciertas leyes estatales Americanas han creado estatutos de responsabilidad más estrictos, lo que facilita la litigación de casos de lesiones por mordedura de perro. Desde lo manejado por dichos estatutos, no es necesario demostrar la negligencia con evidencia muy exhaustiva, pues si el perro mordió a un tercero, el propietario se considera negligente y, por lo tanto, responsable. El estado de California tiene leyes de responsabilidad muy estrictas en las que el propietario es casi siempre responsable. Sin embargo, ciertos estatutos de responsabilidad afirman que el paseador o cuidador puede reemplazar al propietario como responsable en ciertas circunstancias, lo que complica estos casos.

Si bien el propietario de un perro tiende a ser responsable si la víctima de la mordedura estaba “legalmente en un lugar privado”, o bien en un lugar público cuando se produjo el ataque del perro, el cuidador de mascotas puede ser considerado la parte negligente, especialmente si no tomó medidas razonables para controlar a un animal vicioso o peligroso. Por ejemplo, si el propietario de un perro va a viajar y deja un bozal, cadena u otros elementos de seguridad y el cuidador se olvida (o decide no usarlos apropiadamente) y el perro muerde a un transeúnte, es probable que el cuidador sea considerado responsable a pesar de no ser el verdadero propietario del perro.

Independientemente de quién sea el responsable, es importante que presente la demanda dentro del plazo de prescripción de dos años en el estado de California. Este plazo puede ampliarse si es posible demostrar que el propietario del perro abandonó el estado durante un período de tiempo. Esto evita que los propietarios huyan de una posible demanda y dejen a la víctima de una mordedura de perro a la deriva y bajo riesgo de pérdidas de ingresos u otros daños.